La semana pasada me comprometí con el grupo de Jueces de TOP del curso sobre Drogas, del Conace, a poner algo sobre la derogación de la pena de muerte en EE.UU.Me refiero, ciertamente, a la decisión de la Corte Suprema en el caso Roper, Superintendent, Potosi Correctional Center v. Simmons. El caso lleva el rol No. 03–633, fue alegado el 13 de octubre del 2004 y la decisión es del 1° de marzo del 2005.
Aquí pueden descargar el fallo, directo desde el sitio de la Corte Suprema de los EE.UU.
Y aquí pueden revisar la transcripción de los argumentos orales expuestos. Llama mucho la atención el constante diálogo que existe entre jueces y abogados. No se parece en nada a un alegato de nuestro sistema sino más bien a un examen de grado.
La redacción de la opinión fue del Juez Anthony Kennedy.Según el razonamiento mayoritario, la pena capital contra menores de 18 años es inconstitucional. No simplemente eso, sino que también añade: “Existe un consenso nacional” para su efecto. El veredicto de la Suprema Corte sugiere que, como en los viejos tiempos, el sistema jurídico debe estar supeditado al mandato de las mayorías nacionales y no a la opinión personal de sus magistrados. Es decir, el “derecho común” es todavía parte inmanente del sistema jurídico del ssitema jurídico estadounidense.
La pena de muerte para menores (Roper Vs. Simmons) mantuvo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia divididos desde el principio hasta el final. Por una parte, el flanco conservador de los jueces federales, William H. Rehnquist, Clarence Thomas, y Antonin Scalía, desde que el caso entró en el tribunal superior, decidió a favor de la pena capital. Los liberales, Ruth Bader Ginsburg, David H. Souter, Stephen G. Breyer y John P. Stevens, por la otra, decidieron el camino contrario. Y los dos moderados, Anthony Kennedy y Sandra Day O´Connor, como en otros casos, optaron por lo suyo: poner en suspenso a los conservadores y liberales.
Para justificar la inconstitucionalidad del caso, Kennedy citó argumentos internacionales y nacionales.
Inicialmente sostuvo que la mayoría en la comunidad internacional está en contra de la pena capital contra menores. Por lo que aparentemente nuestra corte también “debería” aceptar ese legado internacional. En esta sentencia ha tenido mucho peso la admisión de cuarenta y ocho informes de amicus curiae provenientes de otros países, un claro ejemplo de la relación cruzada entre el derecho interno y el internacional.
El argumento internacional es un razonamiento creativo pero que para lógica del sistema norteamericano resulta débil. Todos sabemos que eso está más allá de la realidad norteamericana. Pese a ello, se cita incluso la Convención para argumentar en contra de la pena capital:
"Como el apelante y numerosos amici enfatizan el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que todos los países del mundo han ratificado salvo por EE.UU. y Somalía, contiene una pohibición expresa de pena capital para los delitos cometidos por jóvenes menres de 18 años."
Antonin Scalia fue el que mejor contradijo el argumento internacional de Kennedy, indicando que “la opinión internacional no debería jugar un papel preponderante en la interpretación de las leyes constitucionales”.
Sin embargo, Kennedy arguyó que existe un “consenso nacional” en torno a los castigos capitales contra los menores. Es decir, que la mayoría de la sociedad norteamericana no quiere que a un criminal de 18 años se le ponga en la silla eléctrica, o se le conduzca a la cámara de gases, o se le suministre sustancias letales intravenosas.
En otras palabras, debemos respetar a la democracia en todo su aspecto, incluyendo en las leyes. Kennedy entiende, más que sus colegas conservadores, que el “consenso nacional” está por encima de la opinión personal de un magistrado o juez nacional.
Haciendo un recuento de algunos casos importante podemos hallar que Kennedy ha sabido poner opinión personal a un lado y obra con prudencia profesional, dictaminando a favor de las mayorías nacionales; y especialmente, de la lógica de la sociedad.
Por ejemplo, Kennedy no ha estado de acuerdo con el aborto prematuro de los bebés. Sin embargo, en 1992 votó apoyando su alargue por “cuestiones de privacidad y derecho individual de la mujer”. Asimismo, dos años atrás también se unió a los magistrados que hallaron improcedente las leyes de sodomía de Texas. Esto, a pesar de no estar personalmente de acuerdo. De ésta manera él y la mayoría en la Suprema Corte ampararon la relación sexual entre hombres en la vida privada.
Así, en el caso de Roper Vs. Simmons, Kennedy nuevamente demuestra que el razonamiento imparcial y el “consenso” de las mayorías de la nación cuentan mucho más que las creencias personales. Incluso se encuentran más allá de un razonamiento coherente y calculado.
Nótese este párrafo (las traducciones de este post son de mi responsabilidad), que da cuenta a cabalidad de la especificidad de lo juvenil en sede de determinación de pena:
“El rechazo de la imposición de la pena de muerte a infractores de ley menores de 18 años es exigido por la Octava Enmienda. El castigo capital debe estar limitado a aquellos delincuentes que cometan “una reducida categoría de los más graves crímenes” cuya extrema culpabilidad los haga “los más merecedores de ejecución.” Atkins, 536 U. S. at 319. Tres diferencias generales entre menores de 18 años y adultos demuestran que los delincuentes juveniles no pueden, fidedignamente, ser clasificados entre los peores delincuentes. La susceptibilidad de los jóvenes a un comportamiento inmaduro e irresponsable significa que “su conducta irresponsable no es tan moralmente reprensible como la de un adulto.” Thompson v. Oklahoma, 487 U. S. 815, 835. Su propia vulnerabilidad y falta comparativa de control respecto de su entorno inmediato implican que los jóvenes tienen un derecho mayor que el de los adultos a ser perdonado por fallar en escapar a ls influencias negativas de su entorno total. Ver Stanford, supra, at 395. La realidad de que los jóvenes todavía luchan por definir su identidad significa que es menos sustentable concluir que incluso un crimen atroz cometido por un joven es evidencia de un carácter depravado e irredimible."
Sin embargo, Kennedy arguyó que existe un “consenso nacional” en torno a los castigos capitales contra los menores. Es decir, que la mayoría de la sociedad norteamericana no quiere que a un criminal de 18 años se le ponga en la silla eléctrica, o se le conduzca a la cámara de gases, o se le suministre sustancias letales intravenosas.
En otras palabras, debemos respetar a la democracia en todo su aspecto, incluyendo en las leyes. Kennedy entiende, más que sus colegas conservadores, que el “consenso nacional” está por encima de la opinión personal de un magistrado o juez nacional.
Haciendo un recuento de algunos casos importante podemos hallar que Kennedy ha sabido poner opinión personal a un lado y obra con prudencia profesional, dictaminando a favor de las mayorías nacionales; y especialmente, de la lógica de la sociedad.
Por ejemplo, Kennedy no ha estado de acuerdo con el aborto prematuro de los bebés. Sin embargo, en 1992 votó apoyando su alargue por “cuestiones de privacidad y derecho individual de la mujer”. Asimismo, dos años atrás también se unió a los magistrados que hallaron improcedente las leyes de sodomía de Texas. Esto, a pesar de no estar personalmente de acuerdo. De ésta manera él y la mayoría en la Suprema Corte ampararon la relación sexual entre hombres en la vida privada.
Así, en el caso de Roper Vs. Simmons, Kennedy nuevamente demuestra que el razonamiento imparcial y el “consenso” de las mayorías de la nación cuentan mucho más que las creencias personales. Incluso se encuentran más allá de un razonamiento coherente y calculado.
Nótese este párrafo (las traducciones de este post son de mi responsabilidad), que da cuenta a cabalidad de la especificidad de lo juvenil en sede de determinación de pena:
“El rechazo de la imposición de la pena de muerte a infractores de ley menores de 18 años es exigido por la Octava Enmienda. El castigo capital debe estar limitado a aquellos delincuentes que cometan “una reducida categoría de los más graves crímenes” cuya extrema culpabilidad los haga “los más merecedores de ejecución.” Atkins, 536 U. S. at 319. Tres diferencias generales entre menores de 18 años y adultos demuestran que los delincuentes juveniles no pueden, fidedignamente, ser clasificados entre los peores delincuentes. La susceptibilidad de los jóvenes a un comportamiento inmaduro e irresponsable significa que “su conducta irresponsable no es tan moralmente reprensible como la de un adulto.” Thompson v. Oklahoma, 487 U. S. 815, 835. Su propia vulnerabilidad y falta comparativa de control respecto de su entorno inmediato implican que los jóvenes tienen un derecho mayor que el de los adultos a ser perdonado por fallar en escapar a ls influencias negativas de su entorno total. Ver Stanford, supra, at 395. La realidad de que los jóvenes todavía luchan por definir su identidad significa que es menos sustentable concluir que incluso un crimen atroz cometido por un joven es evidencia de un carácter depravado e irredimible."Más info sobre Christopher Simmons en abanet.
Para el anecdotario regional, el fallo ha sido recientemente citado por la actual Corte Suprema argentina en un caso sobre menores de edad.
